Bukele, Un Alcalde Glorificado, Critica La Estrategia De Defensa De México.

El presidente del diminuto país centroamericano, El Salvador, Nayib Bukele, suele presumir el aparente éxito de su campaña de seguridad lanzada en 2019, que según él ha logrado una reducción del 95 % de la tasa de homicidios entre ese año y 2024. Estos resultados se atribuyen a un programa que modernizó la policía y el ejército del país, introdujo programas sociales para alejar a la juventud del crimen organizado, y desató una campaña de encarcelamiento masivo. En 2022, el gobierno intensificó estas acciones al declarar un estado de excepción, suspendiendo múltiples protecciones constitucionales, incluido el debido proceso.

Este operativo ha llevado al encarcelamiento de alrededor de 80,000 personas. Sin embargo, sin garantías de debido proceso ni habeas corpus, se estima que unos 8,000–10,000 de ellos fueron detenidos injustamente. El propio Bukele admitió que unos 8,000 detenidos habían sido liberados luego de haber sido erróneamente procesados.

El supuesto éxito del “Plan Control Territorial” ha envalentonado al autoproclamado dictador, que ahora opina sobre seguridad interna en México. En Twitter escribió:

“28 de 32 estados tienen una población igual o menor que la de El Salvador. Entonces, ¿por qué no pueden resolver el problema de seguridad en un solo estado con menos habitantes?”

Bukele parece creer que los problemas que enfrenta la nación hispanohablante más grande y poblada del mundo son comparables a los de su pequeño territorio centroamericano. Pero no podría estar más equivocado. Hay una diferencia brutal entre los cárteles organizados, bien financiados, profundamente incrustados y frecuentemente respaldados por los Estados Unidos que azotan a México, y las pandillas callejeras que El Salvador heredó de Estados Unidos. Son ambientes operativos radicalmente distintos. Los desafíos que enfrentan no tienen comparación. En El Salvador se juega en “modo fácil”—y aún así, justifican la violación de derechos civiles en nombre de la seguridad.

¿Pero realmente tiene él razón? Para responderlo, tenemos que considerar el contexto y analizar las condiciones en las que opera cada país.

México y los cárteles
El problema del crimen organizado en México lleva décadas, pero escaló con fuerza a partir de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón dio inicio a la Guerra contra el Narcotráfico. Antes de ese momento, el homicidio había disminuido de 11 por 100,000 en 2000 a 9.7 en 2006, tocando fondo con 8 por 100,000 a principios de 2007. Sin embargo, la guerra de Calderón desató una crisis de violencia: el desmantelamiento de cárteles pequeños y la fragmentación de los grandes provocó vacíos de poder que elevaron la tasa de homicidios a 22.1 por 100,000 para el final de su mandato.

Hasta hoy, la tasa se mantiene en la veintena por cada 100,000, en una contienda continua que no encuentra salida y que algunos críticos no entienden por ignorar el contexto.

Aunque Calderón fue quien la inició, su motivación ha sido cuestionada: su triunfo electoral en 2006 estuvo plagado de irregularidades, y se especula que buscaba legitimarse como jefe de guerra. El escándalo de sobornos a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, refuerza esa versión. Pese a las negaciones de Calderón, hay evidencias de que su administración se enfocó especialmente en Beltrán-Leyva, los Zetas y cárteles de Tijuana, mientras el cártel de Sinaloa crecía prácticamente sin freno.

Peña Nieto
Al asumir, Enrique Peña Nieto trató de distanciarse del tono militarizado de su antecesor. Apostó por reformas económicas y estructurales para reducir la violencia. Aun así, en 2018 México tuvo algunos de los niveles de violencia más altos de la guerra.

La militarización continuó: se creó la Gendarmería y se reforzó el Plan Mérida. Pero la corrupción siguió activa: en el juicio de “El Chapo” Guzmán, testigos señalaban que Peña Nieto había recibido decenas de millones en sobornos. Policías en Guerrero, Veracruz y Tamaulipas fueron acusados de colaborar con cárteles, y la desaparición de 43 estudiantes en 2014 evidenció complicidad de autoridades civiles y militares en encubrimientos.

Esto muestra cómo la pasividad y la corrupción permitieron a los cárteles afianzarse políticamente aún mientras otros eran perseguidos por conveniencia.

Abrazos, no balazos
La llegada de AMLO en 2018 marcó un cambio de rumbo: su estrategia “Abrazos, no balazos” apostó por atacar las raíces del crimen: pobreza, desempleo y falta de educación. Se duplicó el salario mínimo, los ingresos del decil más bajo crecieron 99 %, y salieron de la pobreza 5.1 millones de mexicanos.

Esta estrategia logró una reducción modesta en homicidios: 0.4 % en 2020, 4.6 % en 2021 y 7.1 % en 2022. En total, de 2018 a 2023, la tasa cayó 15 %, aunque permaneció elevada.

AMLO evitó enfrentamientos militares directos salvo en casos extremos —como en Culiacán en 2019— y priorizó el orden sobre el conflicto. Sus críticos lo acusaron de tolerar a los cárteles, pero sus defensores argumentaron que la violencia engendra más violencia y que la verdadera solución era aliviar la desigualdad. A partir de 2022, México reforzó la Guardia Nacional con más de 120 000 elementos y elevó la presencia militar en entidades como Michoacán, Zacatecas y Guerrero, además de dar responsabilidades civiles al ejército.

El resultado: una baja en homicidios que no vino acompañada de un colapso de los cárteles.

El río de hierro
Un riesgo clave está en el fluir de armas desde Estados Unidos. AR‑15, AK‑47, rifles calibre .50 y armas pesadas cruzan la frontera gracias a la laxitud legal: sin controles en ventas privadas. Esto permite que los cárteles empleen compradores fantasma que obtienen armas legalmente y las envían a México —el llamado “río de hierro”.

ATF y GAO indican que 70 % de las armas encontradas en crímenes provienen de EE. UU.; el gobierno mexicano sube esa cifra a 80 %. Con la expiración de la Ley de Armas de Asalto de 1994, la disponibilidad se disparó y los homicidios vinculados a armas subieron 45 % entre 2005 y 2009.

Además, la fracasada “Operación Rápido y Furioso” (2009) tuvo consecuencias graves: se permitieron más de 1,400 compras para rastreo, pero muchas armas se perdie‑ron y luego aparecieron en escenas criminales sin capturas importantes a la vista.

Sabotaje Estadounidense
Estados Unidos no sólo señala a México: también ha sido cómplice en la crisis. Un caso alarmante es la alianza encubierta entre la DEA y el cártel de Sinaloa, revelada por El Universal en 2014.

Basado en documentos judiciales, fuentes anónimas y alertadores, se acusa a la DEA y el Departamento de Justicia de permitir el tráfico del cártel de Sinaloa a cambio de información sobre cárteles rivales, lo cual permitió al de Sinaloa consolidarse como fuerza dominante, complicando los esfuerzos binacionales.

Recapitulación de México
La lucha contra el narcotráfico en México tiene raíces en décadas de negligencia, encubrimiento gubernamental y la intervención de EE. UU. Políticas como el tráfico de armas y el respaldo selectivo a cárteles consolidaron su poder, golpeando la soberanía y seguridad nacional.

Con AMLO (2018) y Sheinbaum (2024), MORENA redefinió la estrategia: atacar las causas sociales del crimen y mejorar la calidad de vida. Más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza sin sacrificar derechos. Incluso empoderaron a los ciudadanos eligiendo jueces, en lugar de permitir que el Ejecutivo los nombrara.

El Salvador
Primero, reconozcamos que la amenaza representada por las pandillas salvadoreñas no debe minimizarse. Grupos como la MS-13 y Barrio 18 han aterrorizado comunidades locales durante años mediante violencia, secuestros, extorsión y distribución de drogas. Estas pandillas también han demostrado capacidad de movilización para influir en la política local, incluso al grado de influir en elecciones y legislación, lo que añade corrupción política a su historial delictivo.

La violencia provocada por estas pandillas llevó a El Salvador a registrar algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo: 103 por cada 100,000 habitantes en 2014, y un pico de 106 por cada 100,000 en 2015. Esto es especialmente significativo considerando que tales niveles de violencia eran provocados por pandillas callejeras —dos de las cuales se originaron en Estados Unidos, donde aún existen pero con mucho menos poder.

Intentos previos por controlar a las pandillas salvadoreñas fueron en gran medida ineficaces. Las detenciones bajo políticas anteriores muchas veces terminaban con la liberación de los sospechosos, y la mayoría de las estrategias no lograban atacar crímenes como la extorsión o la intimidación a civiles. En su lugar, se enfocaban en reducir homicidios sin abordar la raíz del problema.

Para 2019, los salvadoreños estaban desesperados por un respiro. Fue entonces cuando apareció Bukele.

A las tres semanas de haber asumido la presidencia en 2019, Nayib Bukele implementó su Plan Control Territorial, diseñado en fases.

La Fase 1 se enfocó en desplegar policías y militares para recuperar zonas dominadas por pandillas. Se intensificaron patrullajes, vigilancia, arrestos masivos, redadas en casas de seguridad y decomisos de armas y equipos de comunicación. También se buscó cortar la comunicación entre los líderes encarcelados y sus miembros activos. En esta etapa, los arrestos eran en su mayoría dirigidos. La coordinación entre fuerzas de seguridad fue clave para lograr una caída notable en los homicidios.

La Fase 2, lanzada en julio de 2020, prometía expandir el plan hacia lo social: educación, empleo, programas para jóvenes, desarrollo comunitario. Se anunciaron becas, capacitación laboral y apoyo al emprendimiento juvenil.

Pero estos proyectos en su mayoría no se concretaron. Entre 2019 y 2021, el gobierno priorizó el reclutamiento militar, el equipamiento policial y las compras de equipo militar, sacrificando el enfoque social.

En 2022, ante un repunte de violencia que dejó 87 muertos en tres días, Bukele declaró un Estado de Excepción. Con esto, se suspendieron derechos constitucionales como:

• Libertad de reunión

• Derecho a defensa legal

• Debido proceso

• Habeas corpus

• Límite de detención (extendido de 72 horas a 15 días)

Esto no fue solo un cambio de estrategia, fue una transición clara hacia el autoritarismo.

Vinieron detenciones masivas, muchas sin evidencia sólida. Prisiones sobrepobladas llevaron a construir el megacentro penitenciario CECOT, que ahora alberga no solo salvadoreños, sino también deportados de EE. UU. bajo circunstancias dudosas.

Se estima que unas 10,000 personas fueron detenidas injustamente. Bukele ha admitido públicamente alrededor de 8,000 arrestos erróneos, aunque sin transparencia ni compensación para las víctimas.

La erosión de derechos constitucionales fue solo el principio. El 1 de mayo de 2021, tras ganar mayoría legislativa, su partido destituyó a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, violando la separación de poderes. Los reemplazó con jueces leales.

Con el Legislativo y el Judicial bajo control, Bukele eliminó la prohibición de reelección inmediata. La nueva Corte reinterpretó el artículo 152 de la Constitución para permitirle reelegirse, ignorando el mandato que establecía un plazo de diez años entre mandatos presidenciales.

También se aprobó una reforma judicial que obligó a jubilarse a más de 200 jueces mayores de 60 años —muchos de ellos críticos del régimen o involucrados en casos de corrupción— y se los reemplazó con aliados del presidente.

Con todo esto, Bukele tuvo vía libre para continuar su campaña de arrestos masivos sin supervisión. Si bien esto resultó en una baja en homicidios, críticos señalan que las tasas ya venían disminuyendo. Tras la ruptura de una tregua entre pandillas en 2012, El Salvador alcanzó sus picos de violencia entre 2014 y 2015, pero luego las tasas cayeron: 84 en 2016, 83 en 2017 y 53 por cada 100,000 en 2018. Esto demuestra que el país avanzaba sin necesidad de romper su marco democrático.

Bukele pudo haber continuado con arrestos dirigidos y programas sociales, pero eligió el camino del autoritarismo. Hoy presume en redes sociales llamarse “dictador”, un título que para muchos sería una mancha en su legado.

México y El Salvador: una comparación

A pesar de los intentos de Bukele por avergonzar a México al comparar su estrategia con el Plan Control Territorial, la realidad es que los contextos de ambos países son completamente diferentes.

El Salvador tiene 6 millones de habitantes y poco más de 21,000 km². Aunque la crisis de pandillas era grave, se trataba de grupos callejeros como la MS-13 o Barrio 18, sin alcance internacional, sin redes logísticas complejas y sin poder federal significativo.

México, por otro lado, es el 14.º país más grande del mundo, con 126 millones de habitantes y 1.96 millones de km². Tiene que vigilar una geografía vasta, montañosa y con dos fronteras internacionales. Sus enemigos —como el Cártel de Sinaloa o el CJNG— son redes criminales transnacionales, con armamento militar, estructuras logísticas avanzadas y vínculos con actores políticos.

Decir que enfrentan lo mismo es un error de proporciones colosales.

Sí, Bukele redujo la violencia. Pero lo hizo violando derechos constitucionales, a pesar de que los homicidios ya iban a la baja. Pudo haber seguido su plan original, pero eligió el autoritarismo. MORENA, en cambio, heredó un México con niveles históricos de violencia, tras décadas de gobiernos corruptos más enfocados en quedar bien con EE. UU. que en resolver el problema. Aunque la estrategia de AMLO dejó cosas que desear en cuanto a confrontación directa, logró reducir homicidios y mejorar la calidad de vida. Y lo hizo sin pisotear los derechos de los ciudadanos. Incluso impulsó reformas democráticas como la elección de jueces por voto popular, en lugar de por designación presidencial.

En resumen, las diferencias no son solo de escala o población, sino de principios. Mientras un gobierno optó por fortalecer la democracia, el otro decidió socavarla.

Entonces, ¿tiene razón Bukele?
No. Su comparación entre México y El Salvador no solo es errónea, es ridícula. Sus conclusiones son simplistas y nacen de su ego. Son parte de un mito que él mismo ha alimentado, amplificado por aplaudidores domésticos y apologistas autoritarios del extranjero —incluyendo a la derecha mexicana, que grita con ingenuidad: “¡Queremos a nuestro Bukele!”

Pero sus críticas revelan un entendimiento superficial de la magnitud, complejidad y peso geopolítico de México. No ofrece soluciones: solo autopromoción disfrazada de liderazgo.

Bukele vende el mito del “hombre fuerte”: centralizador, represivo, antidemocrático. Un modelo que puede atraer a quienes confunden crueldad con fortaleza, pero que es inviable para una nación diversa, democrática y globalmente relevante como México. Eso no es liderazgo. Es teatro.