Trump ha firmado una orden ejecutiva dirigida a castigar a los países que “ilegalmente” detienen a ciudadanos estadounidenses. La orden crea una nueva designación—“Patrocinador Estatal de Detención Indebida”—y otorga al Departamento de Estado la facultad de sancionar a cualquier nación incluida en esa lista.
La orden no se limita a gobiernos reconocidos; también se aplica a actores no estatales con control territorial significativo, aun cuando no sean reconocidos oficialmente como autoridades legítimas.
El secretario de Estado, Marco Rubio—antes un crítico abierto de Trump y ahora obediente subordinado—declaró que la designación está inspirada en la clasificación de “patrocinador estatal del terrorismo”, advirtiendo que “ninguna nación debería querer terminar en la lista”.
Según la BBC, la administración Trump no ha aclarado cuándo, o si siquiera, comenzará a tomar medidas contra los regímenes infractores.
La Fundación Foley, creada en honor al periodista James Foley—secuestrado y asesinado por ISIS—reporta que 83% de los estadounidenses detenidos en el extranjero son considerados como detenidos de manera indebida.
Si una detención es considerada indebida, probablemente se basará en los criterios establecidos por la Ley Robert Levinson, aprobada durante el primer mandato de Trump. La ley faculta al Departamento de Estado a hacer esa determinación con base en factores como:
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La imparcialidad (o ausencia de esta) en el sistema judicial del país.
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Si la detención se utiliza para extraer concesiones de Estados Unidos—en otras palabras, si el estadounidense está siendo retenido como rehén.
En la superficie, esta orden parece razonable—hasta justa. Pero la ironía es evidente: Estados Unidos mismo ha practicado la detención indebida de extranjeros bajo sus políticas migratorias xenófobas. Residentes permanentes legales, turistas y otros migrantes con estatus legal han sido encerrados en centros de detención de ICE por días, semanas e incluso meses sin el debido proceso.
Y luego surge la incómoda pregunta: ¿Se aplicará esta orden también a Israel?
Desde marzo de 2025, las autoridades israelíes han estado reteniendo a un menor ciudadano estadounidense, Mohammed Ibrahim, quien fue vendado de los ojos y arrestado mientras visitaba Palestina desde Florida. Ha estado detenido sin juicio durante meses. Su familia ha pedido repetidamente a la administración Trump que intervenga, sin resultados.
Con esta nueva orden ejecutiva, la prueba es clara: ¿se atreverá el régimen de Trump a responsabilizar a Israel por detención indebida o—como se espera—se arrodillará una vez más?
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