Reportes de La Jornada y The Washington Post revelaron que la retórica inicial contra México, que afirmaba que la nación estaba controlada por los cárteles y que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía miedo de actuar, buscaba cumplir un propósito muy similar al de la narrativa utilizada contra Venezuela. De hecho, esa retórica se utilizó específicamente para intentar justificar acciones militares dentro del territorio mexicano. Al parecer, Estados Unidos incluso había comenzado a concentrar tropas en la frontera con México alrededor del 1 de marzo de 2025, incluyendo un Equipo de Combate de Brigada Stryker y un Batallón de Aviación de Apoyo General. México evitó la escalada al reducir el flujo de migrantes a través de su frontera con Estados Unidos y mediante movilizaciones militares propias contra el crimen organizado, lo que derivó en una disminución de la actividad transfronteriza de los cárteles. Las acciones de México dejaron sin sustento las justificaciones de la administración Trump para intervenir en suelo mexicano. Después de todo, es difícil argumentar que México no hace nada contra los cárteles cuando coordina activamente con agencias estadounidenses y ejecuta acciones que producen resultados medibles.
Tanto en el caso de México como en el de Venezuela, los esfuerzos por frenar el flujo de narcóticos se han utilizado para racionalizar la intervención militar, creando la impresión de que Estados Unidos simplemente protege a sus ciudadanos de sustancias ilícitas. El gobierno incluso citó explícitamente el fentanilo, un opioide sintético central en la crisis estadounidense de opioides, como justificación. Sin embargo, dos acciones tomadas durante el segundo mandato de Trump ponen en duda esa lógica.
La primera es el indulto otorgado por la administración al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Hernández fue sentenciado a 45 años en Estados Unidos en junio de 2024 por conspirar para importar cocaína. Según el Departamento de Justicia, él y sus co-conspiradores traficaron más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022. Aunque previamente colaboró con las administraciones de Obama y del primer mandato de Trump en temas de migración y narcotráfico, también aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tránsito de cocaína por Honduras. Su debilitamiento del Estado de derecho contribuyó al aumento de la migración hacia Estados Unidos.
El historial de Hernández socava directamente la afirmación de Trump de que la intervención estadounidense es necesaria para proteger la patria de las drogas ilícitas. La administración indultó a un traficante prolífico con vínculos documentados con el Cártel de Sinaloa —organización que previamente había designado como entidad terrorista extranjera y que había citado repetidamente como justificación para intervenir en México. El momento del indulto, coincidiendo con la elección presidencial en Honduras, benefició claramente al candidato respaldado por la administración Trump, quien también pertenecía al partido de Hernández. Esta coincidencia expone el carácter selectivo de la narrativa intervencionista: si el objetivo declarado fuera realmente frenar el flujo de narcóticos, difícilmente se premiaría a uno de los traficantes más significativos del hemisferio en una maniobra que además favorece intereses partidistas en el extranjero.
El presidente Trump también indultó a Ross William Ulbricht el 21 de enero de 2025. Ulbricht fundó el mercado clandestino en la darknet conocido como Silk Road. Para 2013, cuando el sitio fue clausurado tras su arresto, aproximadamente el 70% de sus publicaciones eran drogas. La justificación del indulto pareció originarse en sectores libertarios de la derecha estadounidense que argumentaban que su sentencia era excesiva, sosteniendo que proveer la plataforma donde se vendían drogas no lo hacía directamente responsable de la distribución. En busca de apoyo libertario, Trump vinculó el indulto de Ulbricht a promesas de campaña. Esto vuelve a poner en duda la justificación de la administración para intervenir en Venezuela y México, porque si dicha intervención se basa en frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, resulta difícil conciliar ese objetivo con indultar no solo a un gran traficante, sino al fundador de un mercado ampliamente conocido por la venta de sustancias ilícitas.
Si esto realmente se tratara de los cárteles, ¿por qué la administración Trump escaló de inmediato hacia acciones que inevitablemente conducirían a un conflicto o incluso a la guerra? Aparentemente, el presidente de Venezuela estaba dispuesto a negociar. The Associated Press informó sobre una entrevista pregrabada del 1 de enero de 2025 en la que Maduro, mientras conducía, declaraba estar abierto a negociar con Estados Unidos en temas de cooperación conjunta contra el tráfico y de inversión extranjera directa en la industria petrolera venezolana. Este video demuestra que la acción militar no era necesaria y que la escalada obedeció a razones distintas a las justificaciones oficiales.
La retórica escalatoria contra México tiene aún menos sentido. Mientras la administración Trump afirma falsamente que el gobierno mexicano, y específicamente la administración Sheinbaum, no han actuado contra los cárteles, la evidencia demuestra lo contrario. Desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas, México y Estados Unidos han mantenido una relación constante de cooperación.
A través de la Iniciativa Mérida, vigente de 2007 a 2021, Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica colaboraron para combatir el crimen organizado transnacional. Bajo este marco, Estados Unidos proporcionó a México equipo de inspección no intrusivo, tecnología de telecomunicaciones y vigilancia, equipo militar y policial, aeronaves como helicópteros Black Hawk, así como capacitación técnica y apoyo asesor. Aunque la iniciativa no logró reducir de manera medible la violencia de los cárteles ni erradicar la corrupción política estructural, sí produjo avances institucionales sobre los cuales administraciones posteriores construyeron. Entre ellos, mayor efectividad operativa de fuerzas militares y policiales mexicanas, aumento en extradiciones de figuras del narcotráfico, fortalecimiento del sistema judicial y disrupciones tácticas a redes criminales.
La cooperación militar ha sido extensa. Más allá de la transferencia de equipo bajo Mérida, el entrenamiento conjunto profundizó la coordinación operativa. Un informe de NPR en 2011 documentó cooperación entre el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Secretaría de Marina (SEMAR), donde marinos mexicanos describieron haber aprendido tácticas contra emboscadas desarrolladas durante operaciones estadounidenses en Medio Oriente. Ambas fuerzas también participan en ejercicios multinacionales como RIMPAC, organizados por Estados Unidos en Hawái, en los que México ha participado regularmente. Además, Estados Unidos ha utilizado drones, a solicitud de México, para apoyar operaciones contra cárteles como en la captura de El Chapo y uno de sus hijos.
Si Estados Unidos realmente estuviera interesado en ayudar a México a combatir su problema profundamente arraigado y altamente militarizado de crimen organizado, continuaría fortaleciendo la cooperación en lugar de alienar a su aliado. Desde 2006 ha habido éxitos medibles en la lucha contra el narco, incluyendo un aumento en extradiciones bajo la administración Sheinbaum, con algunas de las transferencias de prisioneros más grandes en un solo día ocurriendo bajo su gobierno. Al mismo tiempo, si Estados Unidos es serio en su intención de ayudar a México, debería atender problemas internos que por años han alimentado la violencia de los cárteles: principalmente, sus débiles leyes de control de armas.
No es secreto que los cárteles mexicanos están armados en gran medida con armas provenientes de Estados Unidos, obtenidas a través de una red de contrabando conocida en los medios como el “río de hierro”. Esta red se compone de individuos que adquieren armas mediante “compras de prestanombres”, transfiriendo armas compradas legalmente a casas de seguridad o asociados del cártel que finalmente las introducen de contrabando en México. Un informe de 2024 de Everytown Research & Policy encontró que el 68% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México y enviadas a la ATF para rastreo entre 2016 y 2021 se rastrearon hasta fabricantes estadounidenses. Además, el 79% de las armas rastreadas hacia Estados Unidos entre 2017 y 2021 se cree que ingresaron a México por Texas, Arizona, Nuevo México, California y Florida. Un reporte de 2023 de CBS News, citando datos del Proyecto Thor, encontró que el 85% de las armas rastreables recuperadas en escenas del crimen en México provenían de Estados Unidos.
El “río de hierro” se ve facilitado por leyes relativamente débiles de posesión de armas en Estados Unidos, agravadas por una aplicación inconsistente. Un factor clave es el mosaico de regulaciones estatales, especialmente la ausencia de verificaciones universales de antecedentes en aproximadamente veinte estados. De los cinco estados previamente identificados como puntos de origen del 79% de las armas rastreables, tres —Texas, Florida y Arizona— no exigen verificaciones universales. La ausencia de estos requisitos facilita la transferencia de armas adquiridas por prestanombres al reducir los registros documentales, dificultando rastrear las armas más allá del punto inicial de venta. Al mismo tiempo, las agencias estadounidenses a menudo carecen de sistemas de datos plenamente integrados, limitando su capacidad para analizar de manera integral el movimiento de armas dentro del país y hacia la frontera sur.
Por ejemplo, la ATF lideró el Proyecto Thor en 2019, una iniciativa destinada a identificar y desarticular redes de tráfico de armas que contrabandeaban armamento desde Estados Unidos hacia México. El proyecto buscó mejorar la coordinación entre Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, la DEA, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Intentaba superar sistemas investigativos fragmentados que dificultaban compartir datos sobre casos independientes. Según el agente retirado Edwin Starr, sin el Proyecto Thor las burocracias estaban más interesadas en defender su territorio que en procesar organizaciones criminales. Para 2022, el proyecto fue descontinuado tras perder financiamiento específico.
El punto es claro: si Estados Unidos realmente quisiera ayudar a México o a Venezuela a enfrentar el crimen organizado, comenzaría por resolver sus propios problemas internos en lugar de perseguir la intervención. Leyes débiles de armas y un sistema regulatorio fragmentado contribuyen directamente al armamento de los cárteles y a la violencia transfronteriza. Si el objetivo es combatir el crimen organizado, Estados Unidos debería fortalecer sus leyes de armas, incluyendo verificaciones universales, y financiar proyectos como Thor que mejoren la coordinación interinstitucional. La intervención militar, incluso sin tropas en tierra, es más probable que desestabilice al gobierno objetivo y empeore los problemas que supuestamente se buscan resolver.
Antes de continuar, debe quedar claro: el argumento es que Estados Unidos ofrece ayuda con una mano mientras simultáneamente sostiene a las organizaciones que dice combatir. Dicho esto, México también debe enfrentar sus propios problemas internos, especialmente la corrupción. Ejemplos de administraciones anteriores muestran cómo vínculos con el crimen organizado socavaron esfuerzos oficiales.
Bajo el gobierno de MORENA desde 2018, México ha tomado medidas para abordar factores estructurales como corrupción y desigualdad socioeconómica. Se han ampliado auditorías, aumentado la transparencia presupuestaria y fortalecido el Sistema Nacional Anticorrupción. Reformas judiciales buscan reducir impunidad. Programas sociales y de desarrollo juvenil bajo la estrategia de “abrazos, no balazos” buscan reducir reclutamiento criminal. Aproximadamente trece millones de mexicanos salieron de la pobreza en este periodo y se amplió la clase media. Aunque los problemas persisten, hay esfuerzos genuinos por corregir décadas de corrupción.
El patrón es evidente. Mientras México actúa, Estados Unidos insiste en que la intervención es necesaria. Esto plantea una pregunta más profunda: ¿negligencia o complicidad?
Investigaciones previas revelaron acuerdos controvertidos entre agencias estadounidenses y el Cártel de Sinaloa, así como operaciones fallidas como “Rápido y Furioso”, que permitió el tráfico de miles de armas hacia México. Más recientemente, reportes indicaron que municiones calibre .50 provenientes de la planta Lake City, propiedad del Ejército estadounidense, terminaron en manos de cárteles a través de ventas civiles de excedentes. Las respuestas oficiales han sido limitadas, alimentando sospechas sobre la verdadera naturaleza de la política.
El propósito subyacente parece ser geopolítico: mantener naciones extranjeras debilitadas mediante la tolerancia selectiva de amenazas internas, creando dependencia estructural. En México, esto se traduce en un ciclo perpetuo de guerra interna que obliga al país a destinar recursos constantes mientras depende de asistencia estadounidense. En Venezuela, la presión ha sido más directa, vinculada a intereses energéticos.
El antecedente histórico del caso Irán-Contra durante la presidencia de Ronald Reagan demuestra cómo la retórica pública puede ocultar objetivos estratégicos más profundos.
Las acciones actuales no son nuevas; siguen patrones históricos. Por ello, la estabilidad a largo plazo de México no puede depender indefinidamente de una nación cuyas acciones han contribuido a la inestabilidad regional. México debe fortalecer su capacidad militar autónoma, modernizar inteligencia, ampliar su base industrial de defensa y diversificar alianzas económicas y diplomáticas. Solo así podrá reducir dependencia estructural y definir su propia agenda de seguridad.
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